· Pide que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría investiguen nuevos casos de asignaciones directas en la Secretaría de Salud.
· Es lamentable que mientras las Secretarías hacen negocios y pagan favores políticos, la Contraloría se lave las manos, señaló.
Veracruz no puede seguir siendo el referente de la corrupción a nivel nacional, por ello, se requiere que la transformación que se prometió a los veracruzanos sea positiva y no represente un retroceso en lo social y lo económico, afirmó la diputada local Andrea Yunes Yunes.
Luego de que se dieran a conocer nuevos casos de adjudicaciones irregulares en la Secretaría de Salud en favor de empresas que ni siquiera son del estado, la diputada del Partido Verde pidió que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría investiguen los casos de contratos por asignación directa por más de 500 millones de pesos que ha realizado el gobierno estatal en los servicios de salud.
La legisladora el Partido Verde explicó que la Ley Adquisiciones del Estado de Veracruz señala que la adjudicación directa se podrá realizar en cantidades menores a los 101 mil pesos, que significan mil 203.56 UMAS (Unidad de Medida y Actualización). “La ley es clara; las excepciones no aplican en estos casos”.
“Es lamentable que mientras las secretarías hacen negocios y se pagan favores políticos -como es el caso de la Secretaría de Salud-, la Contraloría se lave las manos” señaló, al referirse a la información dada a conocer por medios nacionales sobre contratos amañados para beneficiar a empresas ligadas a funcionarios del gobierno de Morena.
Andrea Yunes lamentó la cerrazón del titular de la Secretaría de Salud en materia de transparencia. “SESVER no ha entregado ningún tipo de información a la Comisión de Salud del Congreso, ni siquiera en la que se señala que en 7 meses se han rehabilitado y construido más de 17 centros de salud en la entidad. Es algo que no podemos comprobar”, aseguró.
Finalmente, dijo que es lamentable que, ante la falta de atención en clínicas y hospitales, los ciudadanos que requieren de manera urgente de servicios de salud, tengan que acudir al Congreso del Estado para ser escuchados.
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