Demanda El Barzón de Resistencia Civil que el Infonavit detenga desalojos de derechohabientes deudores…

Veracruz ocupa el tercer lugar en juicios hipotecarios: María Teresa Carvajal.

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., A pesar del exhorto emitido por el Ejecutivo federal para que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se desista de juicios masivos que pudieran derivar en desalojos y ofrecer facilidades de pago para evitar que pierdan su patrimonio, sin embargo, continúan las acciones de cobranza judicial en perjuicio de los derechohabientes.

María Teresa Carvajal Vázquez, representante legal de El Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, A. C., denunció el clima de confusión que esto ha generado entre los derechohabientes, porque por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador instruye acciones para evitar que sean desposeídos de sus viviendas, en los hechos sucede otra cosa.

“A nivel nacional se encuentran en trámite 80 mil 046 demandas entabladas, ocupando el estado de Veracruz el tercer lugar de juicios hipotecarios con un total de 7 mil 254 demandas entabladas y en curso, de las cuales 645 han sido interpuestas tan solo en el 2019, de esas 208 ya se encuentran en etapa de remate o venta judicial forzosa, llevándose con éxito 187 audiencias, 4 desalojos y 25 adjudicaciones a su favor”, dijo en conferencia de prensa.

Y es que la confusión se da entre los derechohabientes porque en sesión ordinaria, el consejo general del Infonavit acordó una serie de medidas que han sido llevadas a la opinión pública a través de dos compromisos: desistirse de juicios masivos que pudieran derivar en desalojos y ofrecer todas las facilidades de pago posibles para los trabajadores y evitar que sean desposeídos de sus viviendas.

Para ello, se estableció un novedoso esquema de cobranza social que contiene 7 instrumentos como: solución a tu medida, fondo de protección de pagos, estudios socioeconómicos, dictamen de capacidad de pago, borrón y cuenta nueva, descuento por liquidación anticipada, liquidación al 75% a valor avalúo y dación en pago.

Ante la confusión generada, dijo que se está pidiendo que se hagan precisiones que resulten necesarias para conocimiento y confianza de la política de cero desalojos y se aclaren con precisión el desarrollo, implementación y evaluación del nuevo esquema de cobranza social y los 7 instrumentos anunciados, cómo se van a materializar y a partir de cuándo entrarán en vigor, y que pasará con los miles de demandas que se encuentran en trámite ¿se detendrán? ¿Harán borrón y cuenta nueva?