8 financieras operan con la autorización de los funcionarios, lo que los convierte en cómplices: Teresa Carvajal.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., Teresa Carvajal Vázquez, coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, A. C. en el estado de Veracruz, denunció que la “usura institucionalizada” ha afectado a unos 4 mil 477 trabajadores de la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud del estado, al permitir sus titulares la operación de ocho financieras que graven la nómina de los empleados, aplicándoles altos intereses.
En conferencia de prensa, expresó que esta práctica “que en apariencia es legal, porque lo correcto es que el trabajador tiene derecho a escoger a la financiera que mejor le convenga o banco o caja de ahorro, y no dentro de las ocho que están a propuesta de la Secretaría con quienes tiene un convenio para el descuento”.
Expresó que en la mencionada dependencia gubernamental (sus titulares) se eximen de la responsabilidad a pesar de que los trabajadores deben gozar de la protección total de su salario, argumentado que es una relación entre particulares y cuestionando ¿para qué contrataron los créditos?, cuando es la propia institución quien opera las claves de descuento.
“Las instituciones del estado, al participar en esta relación contractual, aunque lo nieguen, sí se encuentran participando de esta relación crediticia al ser las encargadas del descuento y, por tanto, responsables de evaluar el desempeño de las ocho entidades seleccionadas”, afirmó.
Las financieras que se han detectado operando en la Secretaría de Salud son: Publiseg Sapi; GB Plus; Impulsora Promobien; Directodo México; Siempre Efectivo; El Cochinito; Factor para Ti; y Alpha Credit Capital.
De esta última, está en trámite un procedimiento de queja ante la Conducef por cobranza abusiva y por cobranza indebida, ya que a través de dos razones sociales diferentes se le cobra al mismo trabajador, y existe una negativa para reconocer los pagos a una financiera que opera bajo la denominación de Atila y que además hacen acciones de cobranza abusiva en el hospital en la que se encuentra adscrito el trabajador al servicio de la Salud, añadió.
Por tal motivo, exhortó a las dependencias responsables, a revisar fondo la operación de estas financieras que realizan abusos a los trabajadores, por lo que se debe intervenir de inmediato.
La barzonista dijo que las empresas de crédito no están obligadas a enseñar los contratos que celebran con los trabajadores, por eso se toleran los abusos. “Por lo que las dependencias desconocen las condiciones en que se desarrollan estas relaciones contractuales y, desde luego, si los acreditados son víctimas de usura o prácticas abusivas”.
Finalmente, dio a conocer que la organización que representa se dio a la tarea de investigar vía trasparencia el total de trabajadores afectado, ya que son muchas las quejas anónimas o bajo reserva que se tuvieron de los implicados.
“Las autoridades que autorizan a estas empresas estas prácticas las convierte en cómplices del excesivo cobro de intereses con cargo los trabajadores con necesidad, al permitir esta “usura institucional”, cuando debieran proteger el salario de ellos, como lo ha exigido el propio gobierno a los generadores de empleo para la protección de los empleos y salarios”, concluyó