Se le pretende involucrar injustamente en delitos de fraude y abuso de confianza en lo que no ha tenido participación.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., El Comité Directivo Estatal del Movimiento Antorchista Nacional en el estado de Veracruz denunció la existencia de una investigación judicial en contra de su dirigente Samuel Aguirre Ochoa, derivado de una denuncia penal interpuesta por una mujer desconocida, en la que se le acusa de los delitos de fraude y abuso de confianza, a la que se le pretende involucrar injustamente en los que él ni ningún Antorchista han tenido participación alguna.
En un posicionamiento de esta organización social dirigida a la opinión pública, a los medios de comunicación y al gobierno de Veracruz, se evidencia que se le están fabricando delitos para involucrarlos, con el objeto de manchar su imagen y hostigar políticamente a él y a la organización que encabeza.
Se hace un llamado al gobierno estatal para que se abstenga de utilizar al aparato judicial con la finalidad de reprimir a los antorchistas o a cualquier otro grupo de ciudadanos que no simpaticen con las acciones de su gobierno.
Y es que el pasado 1 de diciembre, un representante legal del dirigente antorchista compareció en las instalaciones del Centro de Medios Alternativos de Solución de Conflictos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en esta ciudad, para dar respuesta al citatorio correspondiente, en donde fue enterado que en el mes de julio de 2021, dos individuos intentaron vender una porción de terreno a la denunciante, María Nayeli “N”, ubicada entre las calles Osa Menor, Saturno y Estrella Capella de la colonia Arroyo Blanco en Xalapa, cuya propiedad legítima pertenece a Samuel Aguirre Ochoa.
Uno de ellos, Eduardo “N”, se ostentó como apoderado legal de Samuel Aguirre Ochoa, mostrando un Poder Notarial supuestamente otorgado por éste. Es preciso aclarar, que, dicho Poder Notarial, de existir, es totalmente apócrifo, pues Aguirre Ochoa jamás ha otorgado un documento de este tipo a dicha persona. Además, en la mencionada reunión, la denunciante exhibió una copia de credencial de elector a nombre de Samuel Aguirre Ochoa, en la que se pudo observar que la fotografía de ésta, para nada corresponde a la imagen del líder de Antorcha en Veracruz.
El contrato de compraventa, entre la denunciante y los dos personajes desconocidos, se protocolizó en la Notaría Pública no. 16 de la ciudad de Xalapa, en la que María Nayeli “N” sostiene haber entregado la cantidad de 180 mil pesos. La mujer refirió en la audiencia que, debido a diversos problemas administrativos, la transacción no pudo finalizarse por lo que ahora reclama la devolución del dinero que dice haber entregado.
Dicha fracción de terreno está ubicada en la colonia Arroyo Blanco de la ciudad de Xalapa, con una superficie de 1, 294 metros cuadrados y fue adquirida legalmente hace 33 años, por Aguirre Ochoa, como consta en la escritura pública número 7,586 expedida por la Notaría Pública No. 15 de Xalapa, el 14 de junio de 1988.
Se deja en claro que en ningún momento se ha otorgado poder notarial alguno para realizar una venta, traspaso, donación o cualquier otro acto jurídico de este o algún otro predio a ninguna persona en nombre de Samuel Aguirre Ochoa, por lo que al verificar en el Registro Público de la Propiedad el estatus del predio en cuestión, se descubrió que el susodicho Eduardo “N” había realizado ya la venta del terreno a dos particulares en el mes de octubre de este año por un monto superior a los 2 millones de pesos, utilizando en ambas transacciones el referido “Poder Notarial”, como consta en el archivo del Registro Público.
Ante estas circunstancias es clara la comisión flagrante de diversos delitos como Usurpación de Identidad, Falsificación de Documentos Oficiales, Falsedad ante la Autoridad, Fraude y Despojo, de los cuales Aguirre Ochoa está siendo víctima, así como diversos ciudadanos por Eduardo “N” y sus cómplices.
Se considera que “Eduardo “N” ha recibido y está actuando con la asesoría y el apoyo de algún o algunos funcionarios públicos incrustados en diversas dependencias del gobierno estatal, por lo que se exige a las autoridades que, llegado el momento, investiguen los hechos, los esclarezcan y castiguen a los culpables de estos delitos, pues de lo contrario, las instituciones judiciales del Estado estarán actuando en complicidad por su omisión.