Destituyen a directora General de Administración del Consejo
de la Judicatura, presuntamente por actos de corrupción
• Habría acudido al registro simbólico de Rocío Nahle García como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa Estatal de la 4T y fue una de las atenuantes para su cese.
Joana Marlen Bautista Flores fue destituida este martes de su cargo como directora general de Administración del Consejo de la Judicatura, presuntamente por incurrir en actos de proselitismo en favor del partido oficial, aunque también trascendió que su cese fue derivado por presuntos actos de corrupción en las que participó.
De acuerdo a la información dada a conocer, la notificación de su cese le fue entregada por un actuario del Tribunal Superior de Justicia y se da en medio de grandes polémicas por los derroches de dinero que se dio durante su gestión que inició el 6 de agosto de 2020 y es la primera funcionaria de primer nivel que es cesada durante la actual administración estatal.
Se informó que esta determinación se da luego de que fueron destituidos también dos de sus colaboradores cercanos Elvis Viveros Arroyo quien fungía como jefe de Recursos Generales y Ofir Ali Gutiérrez Ponce, como subdirector de Recursos Materiales.
Según la información dada a conocer la ahora exfuncionaria del Poder Judicial habría acudido a las oficinas de Morena el pasado 25 de septiembre, donde participó en el registro simbólico de Roció Nahle García como aspirante a la coordinación estatal de la Defensa Estatal de la cuarta Transformación.
Durante su gestión, la Directora General de Administración del Consejo de la Judicatura estableció una serie de acciones para enfrentar el déficit financiero en la institución, de entre las que destacan la reducción de salarios de los magistrado y funcionarios de primer nivel del poder judicial, además de la cancelación de varios contratos de la Asociación Público Privada para la Construcción de Ciudades Judiciales, que se conformó durante la gestión de Edel Álvarez peña.
La ahora exfuncionaria del Poder Judicial era una colaboradora muy cercana al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de su primo, el subsecretario de Administración y finanzas de Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, quien antes de ocupar este encargo fue su secretaria particular.
Durante su gestión fue criticada por el alto salario que percibía, que fluctuó entre 85 mil y 270 mil pesos durante los meses de agosto a diciembre del 2020 y en el 2021 a la fecha fue de 181 mil pesos, cuando el Poder Judicial enfrentaba un déficit de más de 500 millones de pesos por los recortes presupuestales que sufrió.