La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, recibió el lunes de esta semana la notificación de la resolución mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó el cumplimiento de lo señalado en la condición 12 del título de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico para uso público para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en la banda de Frecuencia Modulada, otorgado a favor de la UV.
Esto es, del título de concesión que hace posible tener al aire a la estación XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con ello, la Universidad garantiza sus dos títulos de concesión:
El primero, el “título de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso público” que recibió en junio de 2017 y cuya vigencia es de 2013 a 2025.
El segundo, el “título de concesión única para uso público” cuya vigencia es por 30 años, contados a partir de la fecha de expedición del mismo en junio de 2017. Esto es, hasta 2047.
La rectora fue oficialmente notificada en la sede alterna del Instituto, en la Ciudad de México, y ahí la representante de la Dirección General de Concesiones de Radiodifusión de la Unidad de Concesiones y Servicios de IFT, Berenice Oceguera Carreón, comunicó a Sara Ladrón de Guevara la felicitación tanto del pleno del Instituto como de la Unidad referida por el esfuerzo en el cumplimiento y por el esmero con que la Universidad presentó los documentales necesarios durante el proceso de acreditación de lo señalado en la condición 12 del título de concesión.
Tal condición se refiere a la obligación que tienen los concesionarios de cumplir con los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de los Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de lo Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en relación con los mecanismos a que se refiere el artículo 86 de la Ley que aseguren los siguientes principios:
(i) independencia editorial,
(ii) autonomía de gestión financiera,
(iii) garantías de participación ciudadana,
(iv) reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas,
(v) defensa de sus contenidos,
(Vi) opciones de financiamiento,
(vii) pleno acceso a tecnologías, y
(viii) reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
A partir de lo anterior, la Universidad debió entrar en un arduo proceso para cumplir con lo anterior y desplegar un esfuerzo inédito a nivel institucional que requirió la participación y apoyo del Consejo Universitario General (CUG), la Rectoría, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Oficina del Abogado General, coordinados para esta tarea desde la Dirección General de Comunicación Universitaria (DGCU).
En las oficinas de IFT, la Rectora fue formalmente notificada de la resolución del pleno, en compañía del Director General de Comunicación, Raciel D. Martínez Gómez
Además, la Universidad resultó una de las pocas concesionarias que evitaron la contratación de un despacho jurídico especializado en la materia, cuyos honorarios son de cientos de miles de pesos, y decidió asumir la tarea con sus propios esfuerzos.
Entre éstas tareas, por referir apenas algunos fundamentales, se destacan la creación del Consejo Ciudadano y la expedición de los lineamientos para garantizar los principios antes expuestos y que corresponden a este organismo, temas ambos que fueron del conocimiento del Consejo Universitario General (CUG) y resultaron aprobados por éste, el máximo órgano de autoridad universitaria.
También cabe destacar el nombramiento e inscripción ante IFT del Defensor de las Audiencias, cuyo primer titular resultó el periodista Jorge Faibre Álvarez, así como la inscripción ante el Instituto del Código de Ética de la Universidad, vigente también para la operación de la estación universitaria, por señalar algunas de las principales.
También han de mencionarse largas horas de análisis y desarrollo de los tres documentales que a partir de diciembre de 2017 se entregaron ante el Instituto y conforman un expediente de miles de hojas.
Este expediente fue el que resultó finalmente aprobado por el pleno de IFT, de forma unánime, en sesión extraordinaria del 23 de enero pasado, mediante el acuerdo P/IFT/230119/33 y con el voto a favor de los comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González.
Las autoridades de la Universidad también hicieron amplio un reconocimiento a los colaboradores a la Unidad de Concesiones y Servicios de IFT.
El titular, Álvaro Guzmán; el director de Dirección General de Concesiones de Radiodifusión; Salvador Ruvalcaba, director legal, y Berenice Oceguera, formaron parte del equipo del Instituto que en todo momento orientó y caminó junto con la Universidad para acreditar estos mecanismos.
Así, la Universidad no sólo garantiza sus títulos de concesión a 2025 y 2047, respectivamente, sino que muestra con toda solidez su capacidad para participar de una nueva época para los medios públicos del país y responder cabalmente a los retos que trajo consigo la reforma de Telecomunicaciónes y la nueva Ley Federal en la materia, expedida en 2014.