Evidencia irregularidades y contradicciones que conducen a la pendiente resbalosa de la eutanasia.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., La Ley de Voluntad Anticipada, aprobada por mayoría el pasado 26 de octubre, “es una ley hecha a la carrera, sin consulta de expertos ni de la opinión pública, un monumento sospechoso sin ética y que no responde a los valores del pueblo veracruzano”, sostiene la Arquidiócesis de Xalapa.
En el comunicado emitido por esta asociación religiosa, firmada por el presbítero José Manuel Suazo Reyes, director de la Oficina de Comunicación Social se informó que esta ley “tiene por objeto garantizar la atención médica a los enfermos en situación terminal, así como la de acatar su decisión de negarse a someterse a medios, tratamientos y procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida”.
“A primera vista, esta iniciativa de ley parece inofensiva, dado que da la impresión de que se busca evitar el ensañamiento terapéutico contra un enfermo en situación terminal, y los abusos inhumanos, que por la avaricia humana, a veces se cometen por parte de algunos médicos y hospitales privados en la atención a enfermos terminales, sin embargo haciendo un análisis un poco más profundo se evidencian varias irregularidades y contradicciones. La iniciativa conduce inevitablemente a la pendiente resbalosa que lleva a la eutanasia”, se añade.
En el comunicado, se indica que la Ley de Voluntad Anticipada en otros países como Holanda se ha prestado para abusos y prácticas eutanásicas. ¿Qué pasaría si alguien expresa su ‘voluntad anticipada’ sin conocer algunos avances de la ciencia en el tratamiento de su enfermedad? ¿Qué pasaría si por la ‘Voluntad anticipada’ se deja de suministrar algunas terapias que provocarían la aceleración de la muerte del enfermo? ¿Será ético suprimir alguna terapia a un enfermo terminal porque no hay medicamentos o porque no alcanza el presupuesto de salud o porque hace falta liberar espacios en hospitales? ¿Qué valor tendrá la objeción de conciencia de un médico?”, expresa la Arquidiócesis.
Además, se indica, llama la atención que no se le llame Ley de Ortotanasia sino de Voluntad Anticipada, seguramente para no generar el debate y la participación que hubieran sido provechosos. “De hecho esta legislación recurre a lo largo de todo su desarrollo al concepto ético de Ortotanasia que si bien es moralmente aceptable no por eso significa que en esta legislación sea un logro y un signo de progreso para los veracruzanos”.
En ese tenor, se observa que el proceso legislativo de la citada Ley fue inconsistente desde su origen, ya que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso no envió la iniciativa a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia ni tampoco esa Comisión solicitó que se la enviara, tal y como lo marca el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del poder legislativo del estado de Veracruz, pues el asunto de fondo era un tema de salud, y por ende la iniciativa no fue abordaba en plenitud.
Refiere que dicha iniciativa sólo fue dictaminada por los diputados de las Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, así como por los de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales e indica que al no existir el componente de la interpretación médica, los diputados locales se confundieron en la terminología y en la contextualización.
“El tema legislado ameritaba que se hubieran hecho foros, consultas, coloquios o reuniones con expertos; parece más bien que se legisló en el silencio y se sorprendió a los ciudadanos. La única interpretación que contó fue la de los diputados de las comisiones, si es que leyeron la iniciativa, o en el mejor de los casos el trabajo de los asesores. Nos encontramos con una iniciativa de ley que no fue sancionada por la sociedad veracruzana y/o sus expertos o líderes de opinión; lo que significa que es una ley desprovista de legitimidad”, se añade.
Por tal motivo, se considera que los veracruzanos están frente a una típica ley desvinculada de la realidad, ya que carece de un diagnóstico gubernamental desde la perspectiva de los déficits financieros de la Secretaría de Salud, por lo que respecta a la materia presupuestal, particularmente con la infraestructura médica que se requerirá, tanto en la parte administrativa para contar con un área que lleve el banco de datos de este tipo de pacientes, y un Programa de Voluntad Anticipada, que se tendrán que implementar; así como en la infraestructura humana para la promulgación y difusión de esta ley.
“Parece que estamos ante una ley más en Veracruz que no resistirá un análisis jurídico serio, que en el fondo sólo sirve para decir que se aumentó el número de estados que ya contemplan dicho ordenamiento jurídico, es más una moda legislativa que una ley que le sirva a la sociedad veracruzana. Si lo que se trató de evitar es el ensañamiento terapéutico, también habrá que prever que en Veracruz no haya ensañamientos jurídicos”, se concluye.