Están bajo el esquema de empleados administrativos temporales y no reciben aumentos salariales, seguro de vida ni pensiones ni jubilaciones: Galicia Campos.
por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., Alrededor de 17 mil trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, adscritos bajo el esquema de empleados temporales administrativos (ETA) sufren violaciones a sus derechos laborales más elementales, al no respetarles los aumentos salariales, vacaciones y seguro de vida, principalmente.
Acmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (SEPEV), dio a conocer que la situación de este tipo de trabajadores se evidenció más acremente con la pandemia del COVID-19, en la cual muchos de ellos fallecieron, sin recibir él o sus familiares, la mínima prestación a que todo trabajador tiene derecho, como es el caso del seguro de vida.
En entrevista, dijo que estos trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo “se murieron si recibir el seguro de vida o sus beneficiarios, o las viudas no tuvieron el derecho al pago de una pensión como lo establece la ley en la materia”, añadió.
El dirigente sindical mencionó que tan sólo en su organización se cuentan con 300 agremiados en esta situación, muchos de ellos hasta con 20 años de servicio y en todo ese periodo sin contar con los beneficios que tienen los de base.
Señaló que al no contar con estos derechos que la ley laboral establece, se han dado casos del fallecimiento por coronavirus de algunos agremiados, que murieron sin recibir él o sus familiares ninguna prestación, ni seguro de vida ni el derecho a una pensión, dejando a sus familias totalmente desprotegidas.
“Lo peor de todo esto, es que al solicitar a las dependencias respectivas el apoyo para las familias, cuando menos al otorgar el trabajo que el difunto había dejado, por el hecho de no tener una clave sindical, por el cual se está peleando, negaron al sindicato la petición de proponer a alguien para cubrir la vacante”, añadió.
Explicó que estos decesos, dos de ellos se dieron en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), “se hizo la petición y tajante nos negaron la petición para proponer a un familiar, que con eso pudiera ayudar a la falta de la persona que mantenía con recursos a la familia y los otros dos casos, en la Contraloría General del Estado”, abundó.
Por otro lado, dio a conocer también el deceso de dos trabajadores de base a consecuencia del COVID-19, a quienes la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) les pagó el seguro de vida y el pago del sistema actual para el retiro.