• Así lo expusieron en el Coloquio Internacional Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV y el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Xalapa 

David Sandoval Rodríguez 

10/07/2021, Xalapa, Ver.- La participación de la ciudadanía es fundamental para la creación y permanencia de las políticas públicas en los estados democráticos, coincidieron en señalar expertos de la mesa “Políticas públicas con perspectiva de derechos humanos” del Coloquio Internacional Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV) y el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Xalapa (UX). 

En el encuentro, efectuado el martes 29 de junio y transmitido por el canal de Facebook del IIJ, se destacó que las políticas públicas buscan solucionar problemáticas de personas y grupos vulnerables, como lo planteó Francis Arturo Peña Cifuentes, mandatario judicial de la Municipalidad de Quetzaltenango en Guatemala. 

“Las políticas públicas son herramientas técnicas pero antes que nada son políticas, son soluciones a problemáticas sociales enfocadas en aquellos grupos que tradicionalmente han estado al margen con relación al resguardo de sus derechos.” 

Apuntó que el principio de no discriminación es una de sus bases, al igual que el principio de igualdad.

Peña Cifuentes reconoció que “el Covid-19 nos dio una muestra de cómo van a responder nuestros sistemas sanitarios, es evidente la ausencia de una política pública con esa dimensión que respete los principios mencionados. En Guatemala quedó demostrado que las necesidades mínimas de atención son bastante frágiles, así como el desabasto de medicamentos que ocurre por cuestiones burocráticas”. 

Paola Rivas Cuevas, consejera del Instituto Veracruzano de las Mujeres, expresó que las políticas públicas se generan a través de un proceso abierto, sistemático y de deliberación entre ciudadanos y autoridades. 

“La participación ciudadana en sí misma es el ingrediente sustantivo y de primer orden de la democracia”, recalcó al agregar que los individuos deben “ejercer su papel de ciudadanos, no como entes receptores sino como agentes de cambio y transformación, protagonistas de las políticas públicas”. 

Consideró que la reforma a la Constitución mexicana en materia de tutela efectiva de los derechos humanos –de fecha 10 de junio de 2011– ha sido de las más importantes del Estado; enfatizó que “entre más amplia y diversa sea la participación política, más sólidas serán las bases de la democracia”.

José Guadalupe Altamirano Castro, presidente de la Academia de la Función Pública y miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, planteó que “no existe una definición en el marco internacional normativo sobre qué es la corrupción, no obstante se hace alusión a conductas en el ámbito administrativo”. 

Entre los factores de orden institucional que permiten la corrupción se observa que el marco legal no es eficiente para seguir y sancionar los actos de quienes caen en esta práctica, hay una baja calidad de la regulación y la ausencia de criterios para determinar los cargos públicos que pueden estar sesgados para los afines al grupo en el poder. 

De los factores sociales que causan la corrupción, destacó la ausencia de liderazgo como “una especie de conformismo por parte de la ciudadanía y una libertad de expresión restringida, además de la escasa participación ciudadana que se restringe al uso del voto”. 

Las consecuencias de carácter social involucran el conformismo, la permisividad, entrar al mismo círculo y normalizarla, mientras que en lo político se evidencian con la falta de representatividad y deslegitimidad de los partidos políticos y en lo económico es más notorio por la baja en competitividad y en recaudación fiscal.

Adriana del Valle Garrido, miembro de la Academia de la Función Pública e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, afirmó que los derechos humanos están reconocidos en la Constitución Política nacional. 

“La protección de los derechos humanos es una responsabilidad de todos los entes públicos en los tres niveles de gobierno, incluso aquellos entes descentralizados”, reconoció. 

En tal sentido, recalcó que ya existe una política estatal anticorrupción –aprobada el 29 de abril de este año pero en espera de publicación en la Gaceta Oficial del Estado– que contempla combatir la impunidad, dar protección a los denunciantes y un fortalecimiento de las políticas públicas mediante los comités de ética en las dependencias gubernamentales. 

Por su parte, Lauro Rodríguez Zamora, académico e investigador del Colegio de Veracruz y la UX, expresó que desde el enfoque del realismo jurídico, cuando una norma no se aplica en la realidad significa que no existe, o cuando menos se debe revisar para que cumpla efectivamente con su propósito.

Respecto de los derechos humanos y su reconocimiento constitucional como garantes de su aplicación, comentó que “en términos de salud, en términos de seguridad, seguridad económica y medio ambiente estamos retrocediendo a nivel global”. 

Agregó que “el gobierno mexicano ha exaltado la reforma constitucional de marzo de 2011 como la más importante desde la realizada en 1917, pero es importante señalar que para cumplir con lo reformado primero se tiene que respetar”. 

Rodríguez Zamora recordó que quien debe de cumplir con el respeto a los derechos humanos es el gobierno, ya que el principio de legalidad lo mandata, mientras que los ciudadanos debemos cumplir con el marco normativo.