• A los Sistemas Estatales Anticorrupción llegan personas por intereses políticos, no por convicción, compromiso o alta responsabilidad 

José Luis Couttolenc Soto 

Integrantes de Comités de Participación Ciudadana (CPC) de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Nayarit y Veracruz, participaron en el conversatorio “La implementación del Sistema Anticorrupción en México: avances y retos”, y coincidieron en señalar que en México hace falta una mayor participación ciudadana que haga efectivo el combate a la corrupción “que desde hace varios años ha sido terrible en el país”. 

Katya Morales Prado, de Guanajuato; Rafael Herrera Macías, de Hidalgo; Karla Castañeda Tejeda, de Nayarit, y José Guadalupe Altamirano Castro, de Veracruz, expusieron los avances que en sus respectivos estados han tenido las estrategias de combate a este problema; también dieron a conocer los retos que se tienen para alcanzar los objetivos propuestos. 

El conversatorio, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, tuvo lugar de manera virtual el martes 7 de diciembre. 

Los panelistas plantearon que “en México la corrupción es estrepitosa, ha propiciado que el país sea menos competitivo y menos fiable, que haya disminuido la inversión extranjera, colocando a nuestra economía en el número 15 a nivel mundial”. 

Producto de la situación, en 2015 ciudadanía, academia y organizaciones civiles exigieron al gobierno federal un alto a esta práctica y una solución al problema, que dio origen al nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción con replicación en los estados, a fin de que cada entidad cuente con su propio sistema. 

Sin embargo, apuntaron que para operar dichos sistemas se han enfrentado muchos retos como la asignación de presupuestos insuficientes y la falta de capacitación del personal, lo que ha evidenciado que muchas de las personas seleccionadas como miembros del CPC no tienen claro cuál es su función. 

“Llegan pensando que van a meter a la cárcel a los corruptos, y eso no es así; esta falta de capacitación permea igual a la ciudadanía, que pregunta cuántos corruptos se han metido a la cárcel.” 

Ante la falta de información sobre el ámbito de acción de los CPC, explicaron que entre los rubros que no le competen están: no es auditor, no es fiscal, no recibe ni presenta denuncias, ni por hechos de particulares. En cambio, lo que sí hace es: vincular autoridades y ciudadanía; proponer mecanismos de interacción institucional, proyectos en materia anticorrupción, e indicadores en materia anticorrupción; participar en la elaboración de la política anticorrupción; proponer recomendaciones no vinculantes ante autoridades. 

Entre los retos que enfrentan, mencionaron: comprender que no existe pugna entre instituciones y ciudadanos, cada uno tiene un papel importante y una visión que compartir, que en conjunto pueden ayudar a mejorar las decisiones de combate a la corrupción; cambiar el chip a los servidores públicos y a los ciudadanos, en el sentido de que los asuntos de gobierno y las decisiones públicas no tienen que ser privadas ni tienen por qué ocultarse, puesto que su naturaleza es en esencia pública. 

Reconocieron que para legitimarse como ciudadanos tienen que ser claros, “porque muchos que ingresaron al Sistema Anticorrupción lo hicieron por un interés político, no por convicción, compromiso o una alta responsabilidad, hay que ser claros y asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos”.