Ahora lo acusan de los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de la justicia en agravio del extitular de SSP Arturo Bermúdez.
Gobierno estatal confirma existencia de revanchismo político en Veracruz; se consuma nuevo atraco a la dignidad y los derechos humanos: PRD.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., Pese a que la justicia federal otorgó un amparo al exsecretario de Gobierno Rogelio Franco Castán, por lo que sería liberado, lo cual no sucedió, porque la madrugada de este miércoles 11 de agosto se le giró una nueva orden de aprehensión en su contra y deberá permanecer recluido.
En esta ocasión, se le imputan delitos de “extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia en agravio de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Javier Duarte”, alterando de esta manera los procesos legales, la presunción de inocencia y la correcta impartición de la justicia.
En un comunicado emitido por la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señala que con esta acción del gobierno estatal se confirma que el revanchismo político en Veracruz es la ley misma y es la más clara prueba de colusión que involucra al gobierno de Cuitláhuac García con el cobro de favores en beneficio de personajes ligados a la corrupción.
Se destaca que en esta nueva orden “proviene de una carpeta armada de manera exprés, en cuestión de horas, como respuesta al amparo ganado por Rogelio hace apenas unos días, donde la Justicia federal resolvió la injustificada y excesiva detención de la que fue víctima, anulando la medida cautelar de prisión y resolviendo continuar su proceso en libertad”.
Asimismo, no existió una sola notificación sobre esta supuesta denuncia interpuesta contra Franco, ni de la carpeta que hoy aparece como por arte de magia, señala el documento.
Se menciona que con esta acción se consuma un nuevo atraco a la dignidad y los Derechos Humanos de Rogelio Franco Castán, sentando un nuevo precedente en Veracruz vinculado al uso faccioso del poder, la Ley y la anulación total de la justicia, a favor de intereses particulares.
“En el PRD condenamos enérgicamente estas prácticas y señalamos directamente al Gobierno del Estado, como los responsables de esta cacería política en agravio de la voz libre que representa Rogelio, así como de todo el movimiento opositor al régimen actual”, refiere el comunicado.
De igual forma, exigimos con fuerza que se respete el debido proceso y se actúe con apego a Derecho, primeramente, tomando en cuenta lo resuelto por la Justicia federal, desde donde se confirmaron los abusos e irregularidades que han envuelto el caso contra Rogelio, convirtiéndolo desde un principio, en un preso político irrebatible, se indica, por último.
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