Guillermo Fernández debe responsabilizarse del mal desempeño de la SEDESOL y no culpar a particulares de deficiencias encontradas por el Orfis…
Si no está funcionando en su cargo, que renuncie: Vicente Aguilar.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., El secretario de Desarrollo Social (SEDESOL) en el estado, Guillermo Fernández Sánchez, debe responsabilizarse del mal desempeño que tiene la dependencia a su cargo y no culpan a empresas particulares en la detección de las irregularidades existentes en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, señaló Vicente Aguilar Aguilar, coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT).
En conferencia de prensa, el dirigente estatal petista se refirió a las observaciones hechas por el Organismo de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), por irregularidades en la construcción de obras y el uso de los recursos que se le asignaron a esa secretaría, culpando a las constructoras de esa situación.
“El responsable de la SEDESOL es él y tiene que dar la cara a la ciudadanía y al gobierno del estado, toda vez que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le dio la confianza para ocupar ese puesto”, advirtió.
Por tal motivo, exigió que se aclaren las observaciones del ORFIS apegadas a derecho, “porque no puede otorgarse ninguna concesión a quien incumple en el desempeño de sus funciones y, además, traiciona la confianza que le dio el Ejecutivo y la sociedad”.
E insistió: “Si no está funcionando debe ser retirado. Nosotros no determinamos a quien se pone en una dependencia, eso es tema del gobierno. Nosotros se la criticamos, se lo señalamos, el Partido del Trabajo lo ha hecho siempre y en algunos casos la sociedad lo expresa y lo manifiesta, pero en el caso concreto sabemos de esa deficiencia, por lo que se pide que se analice y si no funciona ese servidor público, adiós, porque si no la sociedad cada vez se puede ir cansando”, abundó.
Por otro lado, confío que la administración de Ricardo Ahued Bardahuil realice todo tipo de auditorías para que el alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero subsane las irregularidades detectadas por el Orfis, pues el peculado alcanza los 5.5 millones de pesos, de las que se desconocen en que fueron usados.
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