Están inmiscuidos exfuncionarios y empresas que cobraron por servicios prestados sin cumplir con lo establecido en la ley: Luis Guerrero.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., Por presunto daño patrimonial del orden de 96 millones de pesos, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento interpuso 9 denuncias en contra de exfuncionarios de la misma y de empresas que incumplieron con sus responsabilidades, misma que se dio durante la gestión de Américo Zúñiga Martínez, aseguró el contralor de este organismo Luis Guerrero García.
En conferencia de prensa, dio a conocer que la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado el pasado 23 de junio y ratificada el 6 de julio, e indicó que éstas van caminando en la integración de las carpetas de investigación y no se les ha dado el “carpetazo”.
Explicó que son tres conceptos del orden financiero los que fueron considerados que afectaron el patrimonio de CMAS y que es calificado como posible daño patrimonial, una vez que sea determinado por la autoridad correspondiente.
En primer lugar, dijo, se refiere a la contratación de 10 servicios por concepto de consultoría a igual número de despachos, por los que se pagaron más de 15.5 millones de pesos, pero que incumplieron con los conceptos entregables que les exigía el contrato y que estaban establecidos en el mismo.
“Al no entregarse los productos, implica que estos no fueron realizados, pero sí fueron pagados en su totalidad antes del 22 de diciembre del 2017, esto incluso, conlleva a una actitud dolosa, razón por la que nos permite efectuar denuncia del orden penal ante la FGE, no solo contra los servidores públicos que autorizaron estos pagos, sino también por los despachos, que ahora así lo prevé el Código Penal”, añadió
Otro aspecto que se detectó es referente a las gratificaciones extraordinarias que no estaban autorizadas ni estaban dentro de la nómina, por lo que no hubo pago de impuestos ni prestaciones sociales, eran nóminas que no se reportaron en ningún momento en la contabilidad del organismo y que están al margen de cualquier norma o ley y se consideran ilegales, sumando cerca de 69 millones de pesos los que se dispusieron.
“Estas cifras no son sacadas de la manga, sino que ha costado mucho tiempo, desde septiembre del año pasado, para tener ya en la fiscalía radicadas las denuncias y ya están de alguna manera caminando, quizás el retraso es derivado por el periodo vacacional que se tuvo el mes de julio y el cambio de administración, pero que ya fueron ratificadas”, apuntó.
Recalco que las denuncias están debidamente integradas y respaldadas con miles de documentos que no únicamente se obtuvo de CMAS, sino de los bancos y de otras fuentes externas y consideramos que todas esas pruebas son contundentes para demostrar la existencia de esas irregularidad, por lo que no se trata de una especulación pues está bien soportada y la autoridad en la materia, tendrá que determinar lo conducente, por tanto son presuntos daños patrimoniales.
Otra irregularidad se relaciona con el tabulador autorizado para el ejercicio de 2017, en donde se detectó que hubo 35 exfuncionarios que cobraron por arriba de lo autorizado en este.
“Aquí existen dos vertientes, el que autorizó el pago y el que cobró más recursos de lo autorizado, esta observación está debidamente soportada”, añadió; al tiempo de reiterar que aunque se va lento, todo se está haciendo está debidamente comprobado, “no aventamos las cosas nada más por aventarlas, mucho menos a alguna autoridad, por lo que consideramos que estas observaciones están debidamente soportadas, por lo que serán los órganos jurisdiccionales las que determinen lo conducente”, concluyó.
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