• Las respuestas de los gobiernos latinoamericanos a las recientes movilizaciones de migrantes han sido acusadas de violencia 
• Las medidas sanitarias de la pandemia por Covid-19 son utilizadas para presionar a los migrantes 

David Sandoval Rodríguez 

Juristas y activistas sociales de diversas regiones coincidieron en señalar un endurecimiento en las políticas migratorias en distintas fronteras latinoamericanas, hecho preocupante dado que en algunos casos se argumenta la pandemia por Covid-19 como un recurso para vulnerar los derechos humanos de los migrantes. 

Así lo plantearon al participar en el 9º Coloquio Iberoamericano de Derecho Constitucional, evento virtual organizado por el cuerpo académico (CA) Ratio Legis de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), el 30 de septiembre. 

Los participantes en la Mesa “Personas en situación de vulnerabilidad (migrantes). Acciones y políticas públicas en el escenario actual” relataron sus experiencias e investigaciones, advirtiendo respecto al cambio que se está dando en el fenómeno migratorio, particularmente en ambas fronteras mexicanas ocurrido por la presión del gobierno de los Estados Unidos (EEUU). 

Sonia Cavalié Apac, abogada en la Agencia “Defensora del Pueblo” de Perú, relató su experiencia de atención a los migrantes venezolanos en su país y señaló diversas carencias en materia jurídica, así como el creciente rechazo en algunos grupos de la población a recibir a más personas provenientes de Venezuela. 

Aseguró que “el sistema de migración peruano todavía no cuenta con un sistema de procedimiento de regulación migratoria”, lo que ha provocado una “persistencia de discursos discriminatorios contra migrantes y refugiados, dificultades en la satisfacción de derechos fundamentales como la salud, la educación y el acceso a la vivienda, por mencionar los más importantes”. 

César Barranco Crisanto relató sus experiencias como activista dentro del albergue Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, y expresó que este foro “está mostrando perspectivas regionales de la migración y las perspectivas analíticas que se han venido presentado desde que inició el coloquio”. 

Dos de las grandes problemáticas que ha tenido que enfrentar el albergue con el aumento en la llegada de migrantes son las condiciones mínimas para ofrecer el derecho a la salud y el derecho a no ser discriminados. 

A tales condiciones debe sumarse lo que ocurrió con los migrantes durante la pandemia y los estados de duelo permanente que se han venido generando en su trayectoria rumbo a los EEUU. 

 Este duelo permanente se denomina el “síndrome de Ulises”, conocido también como el síndrome de estrés crónico y múltiple, un malestar emocional de las personas que han debido dejar atrás el mundo que conocían en situaciones extremas, es un cuadro psicológico que sufren millones de personas en el mundo, apuntó el activista. 

Sin embargo, en la política migratoria que México aplica a los migrantes centroamericanos, los protocolos sanitarios han desplazado a las políticas que se anunciaron al inicio de la presente administración dando “un enfoque de seguridad nacional ahora bajo el argumento de salud pública”, planteó. 

Yael Delgadillo García, activista egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), apuntó que debe definirse públicamente si el hecho es migración o desplazamiento político forzado, además del incremento de movilidad masiva ocasionado por los fenómenos del cambio climático. 

“Es conocida la existencia de las redes trasnacionales de tráfico de personas y todo lo que sea ilegal pasa por nuestras fronteras, como en Chiapas, donde ha existido la migración desde hace miles de años”, dijo. 

En los últimos 20 años estas redes trasnacionales han creado una economía dinámica que permite una generación de dinero mucho mayor que la economía de algunos países y es conocida como “economía liminal”, que surge de la pornografía, la esclavitud sexual, tráfico de tejidos y órganos, así como el narcotráfico, intercambios en los que se incluye no sólo a adultos sino también a menores de edad. 

“Este ‘estado liminal’ permite que se compre a todas las autoridades en la región, son redes muy poderosas que tienen aliados, contactos y cómplices en todos los niveles de gobierno y diversas organizaciones”, advirtió. 

Delgadillo García expresó que al día de hoy los agentes migratorios tienen una cuota diaria de detenidos para mantener el flujo de recursos financieros a la estrategia ordenada por EEUU y que se lleva a cabo en la frontera chiapaneca. 

“Esta nueva administración copia al sistema norteamericano al tratar la migración como un tema de seguridad nacional”, afirmó. 

La mesa concluyó con la participación de Alex Munguía Salazar, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien dijo que existe un carácter de vulnerabilidad de los procesos migratorios desde el siglo XIX en Latinoamérica, cuyo origen está en la injerencia de EEUU en las políticas de los diferentes países de la región. 

“Las fronteras en el mundo nunca logran limitar el proceso migratorio”, dijo; “no hay poder humano que limite a una persona para romper esa ley, aparentemente administrativa, que les prohíbe llegar a un estado donde indudablemente asumen que hay seguridad física o que van a acceder a un salario o a mejorar el trabajo que tenían en el territorio del que eran originarios”. 

Comentó algunas de las situaciones que viven los migrantes mexicanos en EEUU, como el hecho registrado de que rentan casas a personas de origen salvadoreño, guatemalteco u hondureños.