La vigencia del Plan B de la reforma electoral lo determinará la SCJN: Mancera Espinosa.

Avizora que se declare su inconstitucionalidad por afectaciones a derechos de las y los ciudadanos.

Irineo Pérez Melo.- El Plan B de la Reforma Electoral, aprobada el pasado miércoles por la Cámara de Senadores, está sujeta a lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dónde se prevé que no entre en vigor, luego de la suspensión que otorgo para los estados de México y Coahuila, aseguró el senador perredista Miguel Mancera Espinosa.
En conferencia de prensa, el legislador federal estimó que dicha reforma no se aplicará para esas entidades por la suspensión decretada por el Máximo Tribunal del país.
De igual manera, mencionó que para las elecciones del 2024, se espera que la SCJN ya haya dictaminado en contra de la entrada en vigor de dicha reforma, ya que deberá de atender las peticiones de que se declare inconstitucional, al afectar las garantías individuales de las y los ciudadanos.
En ese tenor, avizoro que la siguiente impugnación que se haga, contará con la suspensión, lo cual significa que esa reforma no entrará en vigor.
“Lo que tenemos claro es que está suspendida la aplicación de la ley, se aprobó, pero está suspendida, no puede tener vigencia hasta que la Corte no se pronuncie sobre su constitucionalidad”, añadió.
No obstante, consideró que, aunque hay algunas reformas que se mantendrán como el voto electrónico, hay otras reformas que deben ser declaradas como inconstitucionales porque debilitan al Instituto Nacional Electoral (INE).
“No tengo duda de que habrá cosas constitucionales y otras no, lo que será constitucional será el tema del voto electrónico, pero hay algunas otras que estoy claro que se declararán inconstitucionales, porque hay un debilitamiento del órgano que organiza las elecciones”, abundó.

La justicia debe llegar a Rogelio N, debe quedar
libre al no ser culpable de lo que se le acusa.
Respecto de la situación jurídica de Rogelio “N”, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de La Toma, en el municipio de Amatlán, urgió al gobierno de Veracruz la aplicación de la justicia, ya que sigue acusado de ocho delitos y ha ganado todo en instancias federales, añadió.
“Lo que nosotros seguimos, al menos en el PRD haciendo el llamado de que pueda estar libre nuestro compañero Rogelio Franco, ya es el momento que pueda establecerse con precisión lo que ya han dicho los tribunales federales, de que no es culpable de lo que se le acusa y que debe encontrar la libertad”, abundó.
De la inseguridad prevaleciente en el estado, dijo que en todo el país, se tiene que ver cómo se va a reestructurar y qué se está moviendo. “Se habla de que hay una estrategia, pero lo que estamos viendo todos los días es que hay diferentes esquemas de participación y de operación.
Adelantó que en breve, la próxima semana, se debe estar aprobando ya la Comisión Bicameral en el Senado de la República que dará seguimiento a los esquemas de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad a la Guardia Nacional y al fortalecimiento de las policías estatales y municipales, concluyó.

La vigencia del Plan B de la reforma electoral lo determinará la SCJN: Mancera Espinosa

• Avizora que se declare su inconstitucionalidad por afectaciones a derechos de las y los ciudadanos.

El Plan B de la Reforma Electoral, aprobada el pasado miércoles por la Cámara de Senadores, está sujeta a lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dónde se prevé que no entre en vigor, luego de la suspensión que otorgo para los estados de México y Coahuila, aseguró el senador perredista Miguel Mancera Espinosa.
En conferencia de prensa, el legislador federal estimó que dicha reforma no se aplicará para esas entidades por la suspensión decretada por el Máximo Tribunal del país.
De igual manera, mencionó que para las elecciones del 2024, se espera que la SCJN ya haya dictaminado en contra de la entrada en vigor de dicha reforma, ya que deberá de atender las peticiones de que se declare inconstitucional, al afectar las garantías individuales de las y los ciudadanos.
En ese tenor, avizoro que la siguiente impugnación que se haga, contará con la suspensión, lo cual significa que esa reforma no entrará en vigor.
“Lo que tenemos claro es que está suspendida la aplicación de la ley, se aprobó, pero está suspendida, no puede tener vigencia hasta que la Corte no se pronuncie sobre su constitucionalidad”, añadió.
No obstante, consideró que, aunque hay algunas reformas que se mantendrán como el voto electrónico, hay otras reformas que deben ser declaradas como inconstitucionales porque debilitan al Instituto Nacional Electoral (INE).
“No tengo duda de que habrá cosas constitucionales y otras no, lo que será constitucional será el tema del voto electrónico, pero hay algunas otras que estoy claro que se declararán inconstitucionales, porque hay un debilitamiento del órgano que organiza las elecciones”, abundó.

La justicia debe llegar a Rogelio N, debe quedar
libre al no ser culpable de lo que se le acusa.
Respecto de la situación jurídica de Rogelio “N”, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de La Toma, en el municipio de Amatlán, urgió al gobierno de Veracruz la aplicación de la justicia, ya que sigue acusado de ocho delitos y ha ganado todo en instancias federales, añadió.
“Lo que nosotros seguimos, al menos en el PRD haciendo el llamado de que pueda estar libre nuestro compañero Rogelio Franco, ya es el momento que pueda establecerse con precisión lo que ya han dicho los tribunales federales, de que no es culpable de lo que se le acusa y que debe encontrar la libertad”, abundó.
De la inseguridad prevaleciente en el estado, dijo que en todo el país, se tiene que ver cómo se va a reestructurar y qué se está moviendo. “Se habla de que hay una estrategia, pero lo que estamos viendo todos los días es que hay diferentes esquemas de participación y de operación.
Adelantó que en breve, la próxima semana, se debe estar aprobando ya la Comisión Bicameral en el Senado de la República que dará seguimiento a los esquemas de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad a la Guardia Nacional y al fortalecimiento de las policías estatales y municipales, concluyó.