Niega gobierno de Veracruz que las casi 4,500 personas en prisión preventiva votar el próximo 2 de junio: INE.

Niega gobierno de Veracruz que las casi 4,500 personas
en prisión preventiva votar el próximo 2 de junio: INE

• Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá este tema, al considerar que hay violación de derechos humanos.

La Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal confirmó la negativa sobre la procedencia del voto de personas en prisión preventiva de los 17 centros de Readaptación Social (Ceresos) existentes en la entidad, con lo cual las cerca de 4,500 personas que se encuentran en esta situación se quedarán sin poder emitir su voto el próximo 2 de junio.
Esto lo informó Josué Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Veracruz, quien dijo que por el momento solo se contempla que voten aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva en el penal federal de Villa Aldama, por lo que se está preparando todo lo necesario para que aquellos que se encuentren en esta situación, cumplan con su deber ciudadano el próximo 2 de junio.
Por su parte la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo General del instituto ya se había pronunciado sobre este tema.
Y la cual indicó que se analizarán las acciones jurídicas conducentes, por tratarse de desacato a una sentencia definitiva y violación al ejercicio de derechos humanos.
Y es que el argumento esgrimido por el propio titular del Ejecutivo estatal es “la falta de condiciones de seguridad, por lo que no es óptimo llevar a cabo esta votación en los penales estatales». Pese a ello, se siguen las gestiones respectivas,
Mientras eso sucede, se está a la espera de la resolución que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que se le informe de la imposibilidad de garantizar el voto de personas en prisión preventiva, al considerar que es una evidente violación a los derechos humanos por una negativa del gobierno estatal.