A pesar de estar embarazada fue obligada a realizarse exámenes, con el riesgo que ello representa para su integridad física y de su bebé.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., Con el argumento de no haber aprobado los exámenes de confiabilidad, el ayuntamiento de Boca del Río despidió injustificadamente a la agente de Tránsito Municipal Ana Irma Solís Guerrero, dejándola en la total indefensión, al quitarle el servicio médico y de seguridad social.
En entrevista, la servidora pública dio a conocer que el pasado 21 de octubre del año en curso, fue notificada por Luis Ángel Castillo Torres, de que había sido despedida y sin derecho a liquidación justa, por lo que solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al ser vulneradas sus garantías individuales, pero lo más grave al poner en riesgo su integridad física y la de su bebé en proceso de gestación.
Dio a conocer que el mes de mayo pasado se enteró de su embarazo, luego de los estudios de laboratorios clínicos que se realizó, del cual informó oportunamente a su superior inmediato, quien la instruyó seguir laborando en vialidad, como lo había venido haciendo en lo que va de la actual administración municipal y que sería cambiada a otra área en su oportunidad.
Al cumplir el quinto mes de embarazo, acudió con su superior inmediato para solicitarle el cambio a un área administrativa, ya que contaba con los conocimientos suficientes y acreditados para ello, le fue negado dicho cambio, ordenándole seguir en su puesto de trabajo y no había espacio para ella y de su embarazo no era problema de él.
Ante la respuesta obtenida, dijo que acudió al área de Recursos Humanos en busca de una alternativa de solución a su problema, recibiendo también la negativa como respuesta, y al tratar de solicitar una audiencia con el Presidente Municipal Fernando Yunes Márquez, su Secretaria Particular le niega este derecho.
Mencionó que su preocupación estriba en que al trabajar en el dirigiendo la vialidad citadina tiene temor de sufrir un riesgo en su persona y en su bebé, y más por el acoso laboral que es objeto por parte de sus superiores, pues por cualquier motivo es cuestionada y amedrentada con palabras y comentarios misóginos, exigiéndole no moverse del área de trabajo asignado.
La gota que derramó el vaso de agua es que, a sabiendas de su estado físico, se le obligó a realizar pruebas de orina, química sanguínea y del polígrafo, bajo el argumento de que eran órdenes superiores, por el programa y/o examen del personal de confianza, oponiéndose al mismo, en vista de la exigencia que las muestras fueran aportadas en estado de estrés y alteración hormonal, lo cual pone en riesgo su integridad física.
Por esta situación, es que los resultados obtenidos fueron negativos, lo que sirvió de argumento para despedirla, ofreciéndole una mísera liquidación de 6 mil pesos por 4 años de servicio, advirtiéndole que debía firmar su renuncia de manera voluntaria, a lo que se negó rotundamente.
Mencionó que, desde su despido, ha sido objeto de burla por parte de sus jefes y compañeros, así como a través de las redes sociales, poniendo en el escrutinio popular su integridad personal, por lo que exigió que la Comisión Permanente de Equidad de Género de la LXV Legislatura del Congreso del Estado su intervención, para que investigue los hechos narrados.
Además, exigió el otorgamiento de la seguridad social, para ella y su bebé, y una liquidación conforme a la ley, así como el apercibimiento de sus superiores para que dejen de acosarla a través de las redes sociales, quienes señalan que no le darán nada de lo que está demandando, ya que ni tiene fundamento alguno y que deje de insistir, pues de lo contrario la boletinarán para que nadie le de trabajo.