No hay estadísticas oficiales, pero periodísticamente se han documentados más de 350 mil desaparecidos y 130 carpetas de investigación contra luchadores sociales: Ramiro Díaz.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., Pese a que no se tienen estadísticas de desapariciones forzadas o de presos políticos, la “cuarta transformación sigue dando continuidad a la escalada represiva de los últimos dos sexenios, al integrarse más de 130 carpetas de investigación en contra de luchadores sociales”, aseguró Ramiro Díaz Baltazar, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el estado de Veracruz.
Entrevistado durante el plantón realizado en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada de esta capital para conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido, dio a conocer que, de acuerdo a las estadísticas periodísticas, porque no se cuenta con una información oficial durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, “se hablan de más de 350 mil desaparecidos, de entre las que sobresalen los 43 normalistas de Ayoxinapa”.
En el marco de la Jornada Nacional de Lucha por Justicia, Verdad y Libertad que realizan en todo el país, admitió que la represión en contra de los luchadores sociales “prevalece a nivel nacional, por lo que han exigido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir la resolución del caso de los “revolucionarios detenidos”, ya que hay dilación del máximo tribunal de justicia para resolver sus casos.
Expresó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya intervino en los casos de los presos políticos Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez del estado de Choapas; Leobardo Reyes Meza en Michoacán e Higinio Bustos Navarro en Veracruz, quienes fueron encarcelados de manera injusta por su lucha en la defensa de los derechos del pueblo, acusándolos de delitos menores para acallar su lucha por la tierra, por mejores condiciones de vida para el pueblo y por justicia.
En un comunicado leído con motivo de la Jornada mencionada, destacan que el discurso gubernamental de justicia y no a la impunidad contraviene la respuesta de la SCJN al archivar el caso de los luchadores sociales Alberto y Edmundo con la suspensión indefinida del juicio de amparo 51/2020 remitido por el Segundo Tribunal Colegiado de la Federación.
“Si la máxima instancia de procuración de justicia en el país asume la actitud política de cerrar filas en favor de los perpetradores de crímenes de mesa humanidad, significa extender el manto de impunidad sobre los criminales de Estado, en este caso los responsables intelectuales y materiales tienen nombre y apellido son: los representantes del Ejecutivo Estatal y Federal de ese tiempo, los titulares de la SEDENA y SEMAR en el 2007 y las distintas corporaciones policíacas que participaron en el cometido de ese execrable crimen”, señalaron por último.