Resolverá jurisprudencia relativa con sindicalización y negociación colectiva; serán trabajadores de confianza y no se les permitirá estallar huelgas: García Palermo.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., Julio Antonio García Palermo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUITCIESAS), alertó sobre la amenaza que cierne sobre los próximos investigadores y académicos nacionales, quienes pasarán del Apartado A al Apartado B dejándolos sin garantías ni certeza laboral en los centros donde laboren.
En conferencia de prensa, el dirigente sindical explicó que esta situación se derivará de la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revisar la jurisprudencia 1/96, la cual permitió a los trabajadores y a los académicos de los organismos públicos descentralizados sindicalizarse y tener una negociación colectiva.
Explicó que al ser considerados en el apartado B de la ley laboral las afectaciones repercutirán en los nuevos investigadores y académicos, al cambiarlos de categoría y considerarlos como empleados de confianza y por ende sus condiciones generales de trabajo serían establecidas por el gobierno, quien es el patrón y en cualquier momento podría reconocerlos o no como empleados y despedirlos sin problema alguno.
“Si la SCJN sustituye esa jurisprudencia los 105 organismos públicos descentralizados, como el Instituto de Ecología, el CIESAS, INAOE, CICESE, CISA, Instituto Mora y centros públicos de investigación de todo el país, estarían en riesgo de que no se nos respetaran los contratos colectivos o que a partir del momento en que se sustituyan, las nuevas personas que se integren a los centros públicos de investigación estén en un apartado o una condición laboral de total discriminación y desventaja laboral”, añadió.
Acompañado de la profesora investigadora Patricia Ponce, secretaria de Asuntos Académicos; Vicky Cabrera, secretaria de Finanzas e Ismael Alarcón, secretario de Trabajos y Conflictos del citado sindicato, advirtió que se tiene que tener mucho cuidado, “porque hasta no saber cómo afecta no podemos bajar la guardia”.
Lo que nos queda en claro, dijo, es que en un principio nos apegaríamos a la no retroactividad, porque nosotros ya tenemos contrato colectivo, “pero a los chavos que están estudiando un posgrado y que se integrarán a un centro público, que estudia Historia o Antropología Social, el futuro de la educación y de la investigación en México está en grave riesgo, porque no sabemos cómo nos afectará”, abundó.
Ante eso, refirió que lo que sí queda claro es que el Apartado B es totalmente restrictivo y violatorio de derechos humanos, a la progresividad, al principio por persona, entre otros.
En ese tenor, destacó la importancia de la lucha emprendida porque no es por los que estamos, sino por las y los que vienen, ya que las condiciones laborales en el país, de por sí son bastantes desventajosas, sí desde la máxima autoridad del país que es la SCJN se apuesta a un Apartado B estamos hablando de una educación que no sabemos el trasfondo y no podemos garantizar la excelencia en los productos de investigación.
Insistió en que, al pasar un investigador o académico a ser personal de confianza, se tendría que adaptar al “contentillo del jefe”, por lo que tenemos que apostar es a no fortalecer los centros públicos de investigación o, al contrario, fortalecerlos en autonomía para que las y los investigadores, tanto como los que vayan a llegar estén con libertad de catedra.
Finalmente, dio a conocer que son miles de trabajadores administrativos, investigadores y profesores de los 105 organismos públicos descentralizados (centros de investigación y de educación de todo el país) que resultarían afectados por la resolución que emitiría la Corte.