La existente, establece la asignación de obras por puntos y quienes la otorgan son discrecionales, acusan empresarios en reunión con diputados federales.
Por Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver., Constructores veracruzanos demandaron a diputados federales su intervención para que sea modificada la Ley General de Obra Pública, pues data del gobierno de Felipe Calderón y ya es obsoleta, y no “hay la equidad adecuada para dar piso parejo a todos los empresarios del ramo”.
Lo anterior se puso de manifiesto durante una reunión de trabajo en la que participaron constructores y empresarios veracruzanos con diputados Ricardo Sol Estrada y Martha Olivia García, expusieron que como está actualmente para el otorgamiento de la obra pública, que es a través de puntos y los que la otorgan son discrecionales y esos puntos los acomodan y le dan a quien ellos quieren.
En dicha reunión, que por cierto no estuvo ningún legislador veracruzano y que el diputado porteño Ricardo Francisco Exsome Zapata, es presidente de la Comisión Permanente de Infraestructura de la Cámara de Diputados, a pesar de que fueron invitados de manera oportuna, los constructores los criticaron su falta de interés y compromiso con los habitantes de esta entidad federativa.
De entrada, Marcos Salas Contreras, presidente de la Confederación Nacional de Industriales y Constructores del Estado de Veracruz, en su intervención, pidió que este sistema de puntos desaparezca, pues tal como está establecido en la ley vigente, la obra pública se da a discrecionalidad y en ella solo participan amigos y recomendados para su ejecución.
Además, el espíritu con que la cámara se hizo en aquellos tiempos fue obra asignada de 0 a 5 millones y de 5 millones a diez, invitación a cuando menos a tres empresas constructoras, y se estableció esto para ayudar a las empresas regionales, pero en la actualidad se dan para empresas foráneas, por lo que ese principio ya no debe prevalecer, debido a que los funcionarios del sector lo “agarran para hacer sus negocios”.
Además, los constructores señalaron a los legisladores federales que en las licitaciones en las que participan, se les pide como requisito para ello, en la documentación se debe integrar cuando menos 6 finiquitos de obras, cosa que es imposible de hacerlo porque la gran mayoría de las empresas constructoras tienen alrededor de 6 años que no son contratadas para ello.
De igual manera, mencionaron que las leyes están vigentes, solo requieren ser modificados algunos artículos y que éstos sean aplicados, quitándoles esa potestad que actualmente tienen los directores de los Centros SCT existentes en las entidades federativas, quienes ofertan al mejor postor las obras a realizarse, sin tomar en cuenta a las empresas locales para ello.
Expresaron que, si hay voluntad política por parte de los legisladores, en 15 días podría aprobarse las reformas que se requieren y establecer candados para evitar que los funcionarios del ramo, sigan cometiendo tropelías que tanto daño hacen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su oportunidad, Jesús Castañeda Nevares, de la organización empresarial SOS, hizo hincapié en que las licitaciones que realiza el gobierno estatal son a modo para que al final de cuentas, se declaren desiertas y las obras se asignen de manera directa a quien pague más de “moche”.
Mencionó que en lo que va de la actual administración y a pesar de que se han sostenido reuniones de trabajo con los funcionarios responsables y han establecido compromisos de pagar los adeudos de administraciones anteriores, éstos no se han cubierto. “No nos escuchan, no nos atienden, somos invisibles y no existimos para ellos”, añadió.
A su vez, el empresario Andrés Beceiro López, expresidente del Centro Coordinador Empresarial de Xalapa, consideró necesario que las instancias de control y vigilancia de los gobiernos federal y estatal cumplan con su cometido, y asean garantes de que los procesos de adjudicación de las compras y licitación de las obras se realicen con toda transparencia, con lo cual se evitarían suspicacias de malos manejos de los recursos públicos.
Luego de escuchar por espacio de dos horas a los empresarios constructores veracruzanos, los legisladores federales establecieron el compromiso de proponer ante el pleno legislativo federal iniciativas de reformas para acabar con este lastre que se tiene en el sector comunicaciones.