Por no defender autonomía del Poder Judicial, su titular debe renunciar: Concepción Flores… 

Romero Cruz carece de experiencia, lo que provocó crisis financiera e irregularidades administrativas en esta instancia de gobierno, dice.

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz debería renunciar “por no defender la autonomía del Poder Judicial, por su nula experiencia” que ha provocado una crisis financiera y una serie de irregularidades administrativas en el seno de esta instancia gubernamental.

Lo anterior fue señalado por la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien acusó que la titular del Poder Judicial carece de experiencia, “Isabel dijo que no sabe nada de Finanzas, por lo que debería ser honesta y renunciar. No podemos poner en riesgo toda la institución y los fines para los que fue creado”.

En conferencia de prensa, la magistrada que también demandó la destitución de la ahora expresidente Sofía Martínez Huerta, renunciando el pasado mes de octubre de 2020 mencionó que en días pasado se dio a conocer que hacen falta 500 millones de pesos en esta instancia gubernamental para concluir el presente ejercicio fiscal, orillándola a pedir a los magistrados a recortar sus compensaciones y ordenó el cierre de juzgados microrregionales y virtuales, desatándose las protestas de abogados.

Sobre la reducción de los salarios a los magistrados, dijo que además de ser inconstitucional, esto no resuelve el problema económico que enfrenta el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

“La reducción a salarios, ya sea de magistrados, consejeros o personal en general es un acto inconstitucional, pues va en perjuicio de los trabajadores”, añadió, al tiempo de recordar que esto fue una propuesta del Gobernador del Estado y que no debió aplicarse, pero que se consideró en el Plan de Austeridad “porque la Magistrada Presidente no ha sabido defender la autonomía que tiene el Poder Judicial”.

Rememoró que la salida de la magistrada Sofía Martínez Huerta, en su momento, generó acciones ilegales al interior del Tribunal, entre ellas, la “mala administración de los recursos”, mismos que son controlados por la directora general de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, quien fuera secretaria particular del subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Eleazar Guerrero Pérez.

Dijo no estar en contra de ella, pero carece de la experiencia que se necesita para realizar la distribución de los recursos. Su única experiencia previa fue ser secretaria particular del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero.

Ante esta situación, exigió al titular del Poder Ejecutivo que no los traten (a los magistrados) como niños y que no imponga a personas improvisadas, además de pedir que saque las manos de la autonomía del Poder Judicial, porque desde Finanzas llegó la Administradora.

Dejó en claro que el Poder Judicial no tiene un déficit superior a los 500 millones de pesos, sino que existe un subejercicio desde 2017 de más de mil millones de pesos y sostuvo que muchas de las decisiones, respecto a las modificaciones al interior del Tribunal, se han tomado desde el Consejo de la Judicatura sin consultar al Pleno que es el que tiene mayor validez.

“El Consejo de la Judicatura sólo es un órgano que auxiliar, pero no tiene mayor peso que el Pleno, que está integrado por todos los magistrados”, subrayó.

Sobre la desaparición de los 29 Juzgados, la magistrada consideró que se trata de un tema que debió ser analizado y recordó que desde diciembre del año pasado pedimos la revisión de las Ciudades Judiciales y los contratos que se entregaron, pero no nos hicieron caso.

“Sabemos que se tiene un problema financiero, pero no es de este año, se viene trayendo desde hace algunos ejercicios fiscales y no se ha resuelto, y el conflicto es peor al momento en que la titular era Sofía Martínez”, argumentó.

Isabel Romero comete las mismas faltas en las que incurrió Sofía Martínez. Está incurriendo en los mismos delitos que cometió Sofía. Hay sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades a Servidores Públicos.

“En lo particular, estoy haciendo un amparo por el derecho de petición, porque desde noviembre pedí sesión y nunca se ha realizado; esto para que se informe a todos los magistrados, no nada más a los del Pleno, lo relacionado a los acuerdos y las auditorías practicadas”, concluyó.