Preocupa a la Iglesia Católica reformas constitucionales, se quiere imponer el marxismo cultural y destruir instituciones… 

Estas estrategias no resuelven los problemas de fondo del país; se busca imponer una ley mordaza a las iglesias e impulsar agendas ideológicas. 

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, Ver., Entre los Obispos de México hay preocupación por los diversos proyectos e reforma constitucional y legal que en México se están operando desde el Poder Legislativo, en donde diversas iniciativas parecen no atender ni entender la gravedad de la situación y se quiere imponer el marxismo cultural y se quiere destruir a las instituciones que sostienen y dan sentido a nuestra sociedad.

Esto se desprende del comunicado emitido por la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa y que da cuenta los Obispos de México, en su manifiesto “Unidos por el bien común”, el pasado 11 de marzo del año en curso, señalan que estos proyectos de ley han ido avanzando con la anuencia de diputados de todas las fracciones legislativas.

“Hemos conocido, en las últimas semanas, diversas iniciativas legislativas que parecen no atender, ni entender, la gravedad de la situación. Impulsando agendas ideológicas que deberían exigir una discusión social pausada y responsable, así como una fundamentación mucho más sólida, basada en la inalienable dignidad de toda persona; por el contrario, han ido recibiendo aprobación en el proceso legislativo en el Congreso, sin tener un consenso social amplio y un cimiento técnico riguroso”, destaca el documento.

La preocupación estriba en la pretensión de introducir modificaciones en la Constitución y en leyes secundarias, que abran las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la patria potestad, a intervenciones biotecnológicas en el ámbito reproductivo, al consumo lúdico de la marihuana, entre otros asuntos más.

En el caso de la reciente legalización de la marihuana, señala que una cosa es el uso terapéutico de esta droga y otra, el uso lúdico de la misma. Se han escuchado algunos discursos encantadores justificando que la legalización disminuirá la violencia; se dice incluso que el gobierno debe asumir el control de esta droga y no la delincuencia. Se argumenta también que es incluso un derecho fundamental para el libre desarrollo de la personalidad.

“Este tipo de estrategias no resuelven los problemas de fondo de nuestro país. La legalización de la marihuana no garantiza de ningún modo que bajará la violencia. Las causas de la violencia son multifactoriales, no se debe sólo a la prohibición de la marihuana. Legalizar el uso lúdico de esta droga atenta contra la ética pública pues supone la degradación de valores, se permite lo que daña la salud de la población y va contra el bien común y la justicia.

La marihuana siempre será toxica. Con esta legalización se está empujando al país a un enorme problema del cual no se dice cómo se saldrá. Alentar para que la gente se drogue y altere su conciencia, se vuelva adicta, pierda la brújula, la paz, la salud y el sentido de su existencia, no contribuye en nada a mejorar la sociedad; con este permisivismo sólo se promueve el deterioro físico, mental y espiritual de las personas y de la sociedad.

Otro grave asunto es el proyecto de reforma del Artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público donde se busca imponer a las Iglesias una ley mordaza, para que eviten exponer con libertad sus principios doctrinales. Con ese proyecto de ley se pasa por encima del Derecho humano a la Libertad de Creencia.

“Y qué decir del gran peligro que representa la Ley General de Población, aprobada además por todos los partidos de oposición, en un acto de traición a la población, el 3 de diciembre de 2020; y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con estas leyes se abrirían las puertas al aborto libre, a la perdida de la patria potestad, a la imposición de la ideología de Género en las escuelas y a la legalización de las bodas gay; se condenaría además a los médicos objetores de conciencia y empezaría una persecución contra quienes no quieran adaptarse “al pensamiento único”; peligrarían todas las instituciones, organizaciones y grupos que supuestamente ejerzan la “violencia simbólica”.

Observamos con preocupación cómo se quiere imponer el marxismo cultural y se quiere destruir a las instituciones que sostienen y dan sentido a nuestra sociedad. Como dicen también los obispos: “a nadie conviene tener a un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado”. Es más importante trabajar por la unidad nacional pues nadie se salva solo, se inicia por último en el documento signado por el presbítero José Manuel Suazo Reyes.