Ultraje a la autoridad es inconstitucional; viola los derechos humanos de ciudadanos y legaliza el abuso de poder: abogados… 

Antes se debió capacitar a policías, porque si a ellos les parece algo inapropiado, pueden detener a cualquier persona y fincarle una responsabilidad. 

Por Irineo Pérez Melo

Xalapa, ver., La reforma al Código Penal del Estado de Veracruz, aprobada recientemente por el Congreso del Estado, en lo referente a ‘ultrajes a la autoridad’, es inconstitucional y viola flagrantemente los derechos humanos de todos los ciudadanos, y significa legalizar el abuso de poder.

Esto lo advirtió el abogado Ricardo Morales Carrasco, director del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, quien dijo que dicha reforma es posible echarla abajo, “porque existen antecedentes sobre este delito que es ambiguo y vago, de acuerdo con una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En conferencia de prensa, el jurista recordó las experiencias “bastante tristes que ha tenido el Congreso del Estado y sí la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si los partidos políticos consideran que esta reforma al Código Penas va en contra de los valores, de los principios, de las directrices que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inmediatamente pueden promover una acción de inconstitucionalidad”.

Citó el caso del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, quien le fue dictado prisión preventiva por 8 meses acusado de cometer este delito, al rasgar, supuestamente, la camisa de un policía ministerial y de causarle daño psicológico. “En este caso su defensa, puede acceder a declarar como inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, que se está señalando como grave”, añadió.

Dijo que elevar como delito grave los ultrajes a la autoridad para cuidar la integridad de los policías, (el Congreso del Estado) se extralimitó, ya que antes de modificar la norma vigente, se debió capacitar a los elementos policiacos.

A su vez, Francisco Javier Diz Reyes, integrante de esta organización de juristas, consideró que dicha reforma va contra todos los ciudadanos, no nada más contra los delincuentes, ya que con esto a cualquier policía que se le diga una palabra y que él considera que es inapropiada, puede detener a cualquier persona y fincarle una responsabilidad con una penalidad que va de los 7 a los 12 años de prisión.

«Se ha llegado al absurdo, que con el solo hecho de que una persona le diga al policía: soy o pertenezco a una organización delictiva, sea verdad o mentira, con eso se le puede fincar responsabilidad», abundó.

Y fue más allá al señalar que al legalizar el abuso de autoridad, las policías seguirán trabajando de la misma manera y ejemplificó los «combos» que hace la policía en el sur de Veracruz: «Detienen a una persona, le ponen un arma, les ponen droga, un carro robado y con eso les inician una investigación en su contra; después, como los dejan en prisión preventiva justificada oficiosa, por la cuestión del arma, les empiezan a buscar y le ponen un rosario de delitos», puntualizó.

Da tristeza el Congreso del Estado, reformas que han llegado a la SCJN, han sido declarado inconstitucionales

De la actuación del Congreso del Estado para aprobar por mayoría esta reforma, Morales Carrasco, dijo que es muy lamentable la incompetencia de los legisladores y sobre todo por las experiencias que ha tenido el Poder Legislativo del Estado.

“Da tristeza ver que todos los asuntos que le han llegado a la SCJN, en lo que ha participado esta instancia de gobierno, todos los ha perdido, han sido declarados inconstitucionales, bien porque se extralimitaron o bien porque eran incompetenciales o porque les faltó la consulta previa, pero todos los han perdido», recalcó.

En tanto, Valentín Olmos, presidente del citado Colegio, exigió a los 34 diputados que avalaron la reforma al Código Penal, por el que se define como grave el delito de ultrajes a la autoridad, señalen en qué se basaron para hacer dicha modificación, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió en el 2015, que se violentaron sus derechos a la libre manifestación a una señora que recurrió al amparo indirecto por este delito, y fue derogado del Código de la Ciudad de México.

«Yo le exijo a los diputados que digan en qué se apoyaron para incrementar la pena, o a la fiscal general que nos diga cuántas carpetas de investigación existen o a la presidenta del Poder Judicial que nos diga cuántas sentencias existen por estos delitos, porque con base en ello tenían que determinar los legisladores. Esos 34 legisladores que votaron a favor están sobreprotegiendo y esto va a seguir sucediendo», concluyó.